El artículo “If fetuses are persons, abortion is a public health crisis” de Bruce Blackshaw & Daniel Rodger en Bioethics (02 de abril de 2021) ha provocado una gran controversia.
Resumen
Los defensores provida comúnmente argumentan que los embriones y fetos tienen el estatus moral de personas y un derecho a la vida que los acompaña, una visión que la mayoría de los defensores proelección niegan. Una dificultad para esta posición provida ha sido la analogía con la violinista de Judith Jarvis Thomson, en la que se sostiene que, incluso si el feto es una persona, el aborto está permitido porque una mujer embarazada no está obligada a seguir ofreciendo su cuerpo como soporte vital. En este artículo, los autores describen las teorías morales que subyacen a la ética de la salud pública y examinan la pandemia de COVID-19 como un ejemplo de consideraciones de salud pública que prevalecen sobre los derechos individuales. Argumentan que, si los fetos se consideran personas, entonces el aborto tiene tanta prevalencia en la sociedad que también constituye una importante crisis de salud pública. Muestran que, por consideraciones de salud pública, se justifica anular los derechos individuales a la autonomía corporal al prohibir el aborto. Concluyen que en una sociedad que valora la salud pública, el aborto solo puede tolerarse si los embriones y fetos no son considerados personas.
Recogemos a continuación alguna de sus reflexiones en torno al aborto.
ABORTO Y SALUD PÚBLICA
Una vez establecida que la teoría moral primaria que subyace a la ética de la atención médica pública es el utilitarismo, y que prevenir el daño a una población objetivo en forma de aumento de la morbilidad y la mortalidad puede justificar desatender derechos individuales primordiales, consideremos ahora el aborto. En el debate sobre el aborto, los defensores provida argumentan que el aborto es inmoral principalmente sobre la base de que los embriones y fetos poseen el mismo estatus moral que los niños y los adultos: son considerados personas. Por supuesto, esta es una posición controvertida: muchos filósofos consideran que el estado moral de persona requiere capacidades conscientes como la autoconciencia, los deseos y la racionalidad, y esto excluye tanto al embrión como al feto.
Sin embargo, exploremos las implicaciones de la visión provida con respecto a la ética de la salud pública. Supongamos también que la condición de persona fetal implica el reconocimiento legal por parte del Estado. Si este fuera el caso, entonces, en términos de salud pública, deberíamos estar tan preocupados por la salud de los embriones y fetos como de otras personas, y sería un objetivo de la salud pública reducir su morbilidad y mortalidad. Al igual que los bebés y los ancianos, los embriones y fetos también se considerarían una población demográfica particularmente vulnerable. Dado que anualmente se inducen más de 50 millones de abortos en todo el mundo, esto claramente representaría una gran crisis de salud pública: las muertes anuales por aborto son aproximadamente equivalentes al total del número de muertes de lactantes, niños y adultos por todas las causas.
¿Cómo se compararía esta crisis de salud con COVID ‐ 19? Se predijo que la pandemia causaría la muerte de aproximadamente 40 millones de personas, por lo que el aborto es de gravedad similar en términos de número de muertes. Sin embargo, hay que recordar que calcular la utilidad de salud pública requiere considerar tanto los años de vida salvados como lo buenos que se espera sean esos años. En ambas medidas, los embriones y fetos sufren mucho más daño que la víctima promedio de COVID-19. Por lo general, aquellos tienen toda una vida por delante, mientras que la tasa de mortalidad para los afectados por COVID-19 aumenta abruptamente para los mayores de 60 años. Para llegar a la muerte natural a esas personas les quedarían quizás 20 años de vida si no padecían afecciones médicas preexistentes. Por el contrario, los embriones y fetos tienen toda una vida por delante. La esperanza de vida promedio mundial al nacer fue de 72 años en 2016. Esto implica que, si los embriones y fetos fueran reconocidos legalmente como personas por el Estado, el aborto tendría que considerarse una crisis de salud pública mucho más significativa que la pandemia de COVID-19 en términos del daño que sufren los esas criaturas al ser sacrificadas. Justificaría una acción drástica para proteger a esta enorme y muy vulnerable población.
PROTEGER LOS FETOS
¿Cómo de drásticas podrían ser las medidas tomadas para proteger a embriones y fetos? Debido a que el aborto daña al máximo a millones de estas criaturas, el principio de daño de Mill justifica la abrogación de los derechos individuales para su protección en caso de que sea necesario. El aborto también satisface los criterios de salud pública y seguridad pública de los Principios de Siracusa, permitiendo la derogación de derechos individuales si es necesario. Independientemente de las medidas que se tomen, el requisito es que el número de abortos se reduzca en la medida en que el aborto deje de ser una crisis de salud pública. Como comparación, consideremos la principal causa de muerte entre los adultos: la cardiopatía isquémica. Se requeriría una reducción del 90% en el número de abortos para llevarlos a un número similar de muertes.
Reducir significativamente el número de abortos requeriría un cambio drástico en el comportamiento público hacia el aborto. Se podrían intentar campañas de educación pública tanto para desalentar el aborto como para fomentar el uso de anticonceptivos. Los gobiernos también podrían brindar generosos incentivos económicos y apoyo a las madres embarazadas para alentarlas a no abortar, y continuar haciéndolo una vez que nazcan los niños para garantizar que las consideraciones económicas no influyan en su decisión. Si bien estos enfoques pueden ayudar a reducir el número de abortos, parece poco probable que tengan el efecto necesario para hacer frente a una crisis de salud pública de este tipo a corto plazo. Una analogía podría ser lidiar con la pandemia de COVID-19 al asignar un apoyo financiero sustancial para la investigación y el desarrollo de vacunas y expandir los recursos de atención médica a fin de hacer frente a la pandemia.
Para complicar las estrategias de prevención está el argumento de Christine Overall de que la razón principal por la que las mujeres embarazadas deciden abortar es que no quieren que exista un hijo suyo del que tienen la responsabilidad: no quieren reproducirse. Para estas mujeres, parece poco probable que los incentivos económicos para continuar con el embarazo sean convincentes, por lo que la única medida que podría reducir drásticamente el número de abortos sería su total prohibición. Esto cumpliría con los criterios de Siracusa: la prohibición es ciertamente proporcional a la gravedad del problema y no hay alternativas que puedan tener un impacto apropiado. Finalmente, cambiar la ley para prohibir los abortos asegura que esta no sea una medida arbitraria.
Por lo tanto, desde el punto de vista provida de que los fetos tienen el estatus moral de personas, parece que las consideraciones de salud pública justifican la prohibición del aborto. Sin embargo, hay una serie de objeciones que podrían plantearse contra nuestro argumento, y las examinamos a continuación…